Por Avelino Muleiro

Una amplia reflexión sobre la democracia y sus perturbaciones, que horadan la nobleza de sus principios de libertad de expresión y representación política. En este ensayo, desde el clásico mito de Ícaro Avelino Muleiro, propone asumir las anomalías del entramado demicrático para «impedir que la democracia se muera en las aguas del populismo, de la autocracia y de la dictadura».

La democracia bajo las frágiles alas de Ícaro, por Avelino Muleiro (*)

Ícaro entró en la historia de la mitología griega por desobedecer las advertencias de Dédalo, su padre, perdiendo la vida por su pertinaz rebeldía. Ícaro y su padre estaban prisioneros del rey Minos en la isla de Creta y sus ansias de libertad estimularon el ingenio de Dédalo para encontrar una salida. Dédalo conocía perfectamente aquella isla porque, como arquitecto, ya había construido el laberinto de Creta en el que Minos había encerrado al monstruo Minotauro. Por eso Dédalo ideara fabricar unas alas con plumas pegadas con cera para volar, pues volar era la única forma de salir de la isla. Después de muchas prácticas, Dédalo aconsejó a Ícaro que no volara demasiado alto porque el sol podía derretir la cera de las alas. A pesar de todo, Ícaro, embriagado por el poder del vuelo y el sentido de libertad que éste le otorgaba, decidió desafiar los límites impuestos por su padre. Voló muy alto, cerca del sol, provocando que la cera de sus alas se derritiese y sus plumas se despegasen. Ícaro agitó sus brazos ante el peligro que lo atenazaba, pero aquellas plumas ya habían desaparecido y eso le provocó el desplome y la caída al mar donde falleció.

Los mitos siempre proporcionan oportunas metáforas para explicar los más diversos aspectos de la vida y de la condición humana en cualquier lugar o época de la historia de la humanidad. Por eso son intemporales. En este caso, trato de utilizarlo como pertinente paradigma de la democracia y de sus connotaciones políticas y sociológicas.

La democracia, como la libertad a la que aspiraban Ícaro y su padre, es una exigencia prioritaria en las sociedades occidentales. Pero exige esfuerzo y tenacidad. Por eso su implantación social es consecuencia de un trabajo laborioso y constante en pro de un deseo compartido. No obstante, el placer de disfrutar de la democracia tiene ciertas exigencias, como son el respeto a sus principios fundamentales y el cumplimiento de las normas que los sustentan. Infringir tales principios o incumplir sus normas puede poner en peligro esa forma de gobierno y desembocar en otros modelos políticos no deseados.

Dédalo aconsejó a Ícaro no volar demasiado alto para que la cera de sus alas no se derritiese. En cambio, Ícaro desobedeció y perdió su vida. La democracia dispone de sus propios principios y ofrece normas y pautas de conducta que deben utilizarse en su praxis diaria. Actuar al margen de tales fundamentos o eludir sus normas deteriora y daña la esencia de la democracia con alto riesgo de destruirla.

Los orígenes de la democracia

La democracia surgió como sistema político en el siglo V a. C. en la Atenas de Pericles y permaneció vigente durante el siglo IV. Luego, desapareció durante veintidós siglos hasta que reapareció de nuevo en el siglo XVIII con importantes novedades respeto a la original.

La democracia ateniense era un sistema político donde no existía separación de poder, no había garantías individuales ni incluía a toda la sociedad, pues las mujeres, los esclavos y los metecos (extranjeros) no podían participar en los asuntos políticos. Sería en el siglo XVIII cuando el barón de Montesquieu (1689-1755) reivindicó la separación de poderes, que se plasmó en la Constitución americana (1787), y la Revolución francesa propuso incorporar los derechos individuales y el respeto a las libertades de las personas. En la democracia ateniense la asamblea popular era directa, no representativa, pero se manifestaba muy rigurosa en exigir la igualdad ante la ley (isonomía) para todos los ciudadanos, así como que todos éstos tuviesen las mismas posibilidades de ocupar cargos públicos. Los cargos políticos, los jueces y los miembros del Consejo eran elegidos por sorteo, pues creían que el azar era la mejor forma de elección.

Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes (1748), argumentó que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben ser independientes para evitar abusos y garantizar la libertad política. Montesquieu está considerado el gran referente en los sistemas democráticos con su apuesta de que cada poder controle y limite a los otros, estableciendo así un equilibrio como base del Estado de Derecho. Sin embargo, las democracias modernas, impulsadas por ideales de igualdad y justicia, tratan de elevar la humanidad hacia ideales utópicos de absoluta libertad, a veces excediendo los límites de sus estructuras fundacionales para, como Ícaro, acercarse al calor abrasador de los populismos autoritarios, a la polarización social, a la corrupción y al dominio de intereses corporativos estratégicamente camuflados. Estas desviaciones debilitan los fundamentos y ponen en riesgo las alas democráticas. La pregunta es si podrán reconstruir sus alas antes de caer al abismo.

Crisis actual de la democracia

La democracia es un sistema político que se enalteció como la culminación de la organización social y el pilar de las sociedades modernas; a pesar de todo, no está exenta de grandes vulnerabilidades. Aunque se presenta como un ideal de justicia, igualdad y participación, sus fundamentos descansan sobre bases demasiado frágiles.

Son muchos los expertos políticos, los comentaristas públicos y los teóricos críticos que coinciden en que la democracia está pasando por una incuestionable crisis y en que las democracias actuales necesitan una reforma urgente y profunda. La gravedad de sus diagnósticos aumenta en función de los acontecimientos recientes, especialmente con el auge de los movimientos populistas -de izquierdas y de derechas- que permanentemente desafían a las élites políticas que lideran la política actual en el mundo. La aparición de líderes populistas fuertes, la tendencia al autoritarismo, el declive de la hegemonía de la economía financiera globalizada a favor de un proteccionismo económico y la política polarizadora y excluyente, tan exclusiva y hostil, hacen sonar las alarmas para el futuro de la democracia. Estas amenazas, absolutamente reales, reflejan un vuelo demasiado alto y peligroso en busca de soluciones autoritarias, a veces simplistas, que ignoran los riesgos inherentes.

Tanto en Europa como en América, las democracias están sufriendo una transformación muy peligrosa camino a populismos nefastos y a dictaduras indeseables. La sociedad empieza a cuestionar los organismos institucionales y las disposiciones procesales existentes, que son las que deberían garantizar el buen funcionamiento de las democracias modernas.

Hay bastante consenso en que lo que está en juego en estos momentos es el futuro de la democracia como régimen político viable. La desconfianza en las instituciones, el debilitamiento del poder público frente a intereses corporativos y la concentración en el poder ejecutivo del resto de poderes son señales de advertencia similares a las dadas por Dédalo a su hijo Ícaro. El mito de Ícaro, con su vuelo ambicioso desafiando los límites impuestos por su padre Dédalo, es una oportuna metáfora para reflexionar sobre la crisis actual de la democracia, pues muchas de las democracias ignoran estos límites al elevarse hacia un exceso de poder concentrado en líderes carismáticos, mientras otras caen en la apatía ciudadana y el desinterés político. Ambos extremos erosionan las bases del sistema democrático.

En este contexto, Ícaro representa a las democracias contemporáneas que, impulsadas por ideales de progreso y libertad, se acercaron peligrosamente al sol del populismo, de la polarización y del autoritarismo. Y la caída de Ícaro nos recuerdan que la arrogancia y la falta de autocrítica pueden llevar al colapso en las democracias occidentales. En un mundo donde las instituciones se enfrentan a consistentes desafíos como la desinformación, el debilitamiento del Estado de derecho y las desigualdades sociales, el mito nos insta a replantearnos como reconstruir democracias más resilientes y equilibradas antes de que se derritan sus frágiles alas.

La crisis de valores como justificación del desgaste democrático

Si analizamos la situación de la sociedad actual, descubrimos vivir en un mundo moral en decadencia, donde los valores están a merced de las circunstancias y desconectados absolutamente de fundamentos sólidos. La ética se convirtió en una materia desconectada de la economía, de la historia y de la política, pero esa ausencia ética en las relaciones sociales perjudica la convivencia y nos impiden comprender la esencia de los problemas morales que enfrentamos como sociedad. Esta sociedad, a juicio del filósofo escocés Alasdair Chalmers MacIntyre, “presenta un panorama ético donde los juicios morales se redujeron a meras opiniones personales”. Como ciudadanos, libres y autónomos, debemos reivindicar un marco ético que nos permita sopesar y evaluar argumentos morales de manera sistemática y coherente, sobre todo en los asuntos políticos que nos afectan. Sin este terreno compartido, los debates se convierten en interlocuciones irrelevantes ya que, obsesionados con el “yo”, cada quien habla desde su propia perspectiva moral incapaz de comprender los argumentos del otro. Eso ocurre habitualmente con los partidos políticos en España, instalados en su frente excluyente.

Creo que estamos en un momento crucial, en el que esta sociedad siente la falta de un horizonte moral compartido. ¿Y qué mejor oportunidad que aceptar el reto kantiano de atrevernos a pensar (sapere aude) por nosotros mismos para encontrar alternativas provocadoras? Pensemos con Aristóteles que la búsqueda de una vida buena y virtuosa no es un proyecto individual, sino una tarea colectiva. Mientras la moral del liberalismo ve los derechos como atributos de individuos aislados, la filosofía aristotélica entiende la justicia como una virtud que solo puede desarrollarse en el contexto de una comunidad que comparte una visión del bien común. Ese concepto del bien común, y no el partidista, debería ser el ideal político de una democracia. Ejemplo ilustrativo de esa falta de perspectiva del bien común lo escribió en tinta negra la reciente dana del Mediterráneo valenciano.

La crisis de la democracia es, pues, consecuencia de que vivimos un momento de crisis de valores y de desintegración social. Y esa crisis atrapa letalmente a la política.

La democracia en España

La Unión Europea emitió recientemente un informe en el que aparecen varios factores preocupantes que ponen en jaque el estatus de España como democracia plena. La crisis de la democracia en España se ve reflejada en múltiples frentes, desde la corrupción y el abuso de poder hasta la manipulación de las instituciones y la falta de transparencia en la gestión pública. Esta crisis multifacética pone en cuestión evidentemente la estabilidad y legitimidad democráticas. A todas luces deja a cielo abierto sus flojas costuras mostrando su fragilidad moral para caer en la demagogia por mucho que intente crear una falsa ilusión democrática. Bajo su aparente defensa deja a cielo abierto una oligarquía populista y autoritaria. La situación actual requiere una atención urgente para garantizar la estabilidad y la integridad del sistema democrático en el país.

Un trascendental problema que afecta a la democracia española es el dominio partidista en la política. Pero, ¡qué curioso…! Esa democracia tan reivindicada públicamente por los partidos políticos está totalmente ausente en su funcionamiento interno. Los asuntos que se debaten en el parlamento afectan fundamentalmente a la rivalidad de los propios partidos, mientras los problemas ciudadanos aparecen en sus discursos como meras alusiones y con el único pretexto de justificar sus confrontaciones y duelos dialecticos. Esa actitud frentista arrastra a una polarización que divide a la sociedad en identidades excluyentes, dificultando el debate público y la convivencia democrática.

Una vez que los partidos políticos logran alcanzar en las urnas sus representantes, la misión de éstos consiste en centrarse en la defensa sectaria y tenaz de su propio partido aplicando todo su esfuerzo legislativo en defender las ideas del partido e, indirectamente, a sí mismos.

La democracia ateniense, que era directa y con todas sus limitaciones, defendía con tesón los intereses de los ciudadanos, que eran sus propios intereses. Pero en España, los partidos políticos luchan prioritariamente por su liderazgo en el país y por su supervivencia, dejando de lado los problemas y los intereses de la ciudadanía. Como puntos de lanza en esa lucha política por el poder, colonizan las instituciones clave como son el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, debilitando así la separación de poderes y transformando el sistema en una oligarquía seudodemocrática.

El poder legislativo en España, ab initio, por principio constitucional, funciona como correa transmisora del poder ejecutivo, porque este depende constitucionalmente de aquel. Esa norma, en mi opinión, transporta intrínsecamente un problema democrático, pues el poder legislativo es quien elige al presidente del Gobierno y, en consecuencia, quien sostiene y nutre al poder ejecutivo. De ese modo, las leyes que se aprueban o rechazan en el parlamento están promovidas en su mayoría por el poder ejecutivo, que es quien marca las políticas del país. Ese modus operandi rompe el principio democrático de la separación de poderes.

Si a eso sumamos los diversos órganos jurisdiccionales (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Fiscal General del Estado) que dependen del Gobierno y de los partidos políticos, entendemos que los tres poderes se concentran en un solo. Esa situación propicia el despotismo, la dictadura y la corrupción. En este contexto, la sociedad muestra su desafección constante ante la falta de transparencia, los casos de corrupción, las promesas incumplidas, las sentencias judiciales sospechosas, los privilegios jurídicos para condenas políticas… Una última encuesta sociológica revela que un “80% de españoles “cree que la democracia es peor y hay menos unidad, igualdad y libertad que en el año 2000”.

Es imprescindible, pues, que el poder legislativo cumpla su función y no sea un apéndice del ejecutivo, de igual modo que éste a su vez no actúe como una sola persona apoyada por una oligarquía. Sería muy alentador que los gobernantes y los políticos en general asumieran el sabio consejo de Hannah Arendt, de “retomar el concepto griego de la polis como el espacio donde los individuos se manifiestan ante los demás mediante sus actos y palabras”. Sobre todo, armonizando las palabras con los actos.

El poder ejecutivo se arroga la prerrogativa de extrapolar la legítima representación ciudadana que le confirieron los votantes en las urnas a otras funciones que no estaban incluidas en los programas electorales ni en la intención de los votantes. Los ciudadanos votamos políticas y propuestas que compartimos con las ofertas programáticas que presentan los partidos en sus campañas electorales, pero al comprobar que se incumplen esas promesas nos sentimos profundamente decepcionados y frustrados por considerarnos engañados. Sobran casos de tales decepciones. Y eso socava los fundamentos primordiales de la democracia hasta el punto de que ésta puede fallecer por arrogante irresponsabilidad como le pasó a Ícaro al volar más allá de lo permitido.

El mensaje del mito de Ícaro nos debería enseñar que las advertencias de las instituciones eficientes, que nuestro compromiso por pensar por nosotros mismos (sapere aude) y que las informaciones de las personas ilustradas resultan incontestables para impedir que la democracia se muera en las aguas del populismo, de la autocracia y de la dictadura.

(*) Fuente: Este texto fue publicado originalmente en Masticadores, página nacida en Cataluña, que Jr Crivello dirige y con numerosos colaboradores en el mundo.